Defensa jurídica
¿Qué es un seguro de defensa jurídica?
El contexto actual está marcado por el incremento de situaciones conflictivas: laborales, paro, auge de compras por Internet, leyes cambiantes… Situaciones a las que hemos hecho frente en algún momento.
La protección jurídica consiste en asesorar y asistir jurídicamente o llevar a cabo los trámites de una reclamación y defensa por la vía amistosa y judicial, todo ello frente a los responsables de los daños o ante quienes haya de exigirse una reparación o derecho. Podemos incluir entre las prestaciones la obtención y redacción de determinada documentación y de asistencia judicial y extrajudicial derivada de la cobertura del seguro.
Cualquier actividad del día a día como contratar un servicio, firmar un contrato laboral o comprar un billete de avión puede requerir, sin que seamos conscientes, de la necesidad de contar con la opinión o aclaración de un profesional, incluso necesitar los servicios de un abogado capaz de proteger nuestros propios intereses.
Con este seguro se garantiza también la cobertura completa de los riesgos jurídicos a los que una persona puede quedar expuesta, y es capaz de abarcar desde el asesoramiento de un abogado para dudas legales hasta la prevención de conflictos.
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Entre las coberturas básicas se encuentran:
- la asistencia jurídica telefónica,
- la gestión documental,
- la reclamación de daños tanto corporales como materiales,
- los contratos sobre mobiliario, servicios o suministros,
- la defensa fiscal, y
- los derechos relativos a la vivienda habitual y ocupación ilegal.
También existen otros tipos de coberturas de carácter más completo, que abarcan mayor variedad de prestaciones como la defensa laboral frente a la Administración, la defensa en relación con el servicio doméstico, la prestación por separación o divorcio, el mobbing inmobiliario o el acoso y la agresión sexual. Es posible una cobertura también para la defensa y reclamación del propietario en procesos de desahucio o en caso de robo de identidad en internet. Las coberturas se amplían cada vez más para garantizar la total seguridad de las familias, particulares o empresas. Esta protección también suele cubrir las reclamaciones por incumplimiento de contratos de compraventa, la defensa en procedimientos de liquidación tributaria por vía administrativa o la protección ante casos de impago a propietarios de viviendas.
La protección jurídica es, en definitiva, una solución global para cualquier particular que desee mantener el control de sus gestiones legales sin el perjuicio de perder tiempo o dinero para su total resolución
Comunidades, propietarios y administradores
